Atención de Mujeres en Situación de Vulnerabilidad

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NOTICIA


Retos y mitos de la LO 1/2004 de Violencia de Género, y reforma del Código Penal: Hacia una política criminal en violencia de género en cumplimiento del principio internacional de “diligencia indebida”

Abstract:

En el presente estudio se realiza un análisis con propuesta de futuro sobre los problemas detectados en la aplicabilidad judicial práctica de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Se reclama, la vigencia cada vez más actual del principio internacional de diligencia debida, a través del cual se hace responsable al Estado por el no aseguramiento a la víctima de las medidas contempladas en el mandato legal para evitar o paliar la gravosa situación de la víctima. Así mismo, se hace una propuesta de implantación una nueva política criminal, desde la perspectiva jurídico-penal, que puede ser esencial para resolver el grave problema estructural e la violencia de género, en nuestro país.

SUMARIO.

I.- Introducción.

II.- Las causas del fracaso de la Ley Orgánica 1/2004.

III.- La influencia de la Ley 1/2015 de Reforma del Código Penal sobre los delitos de violencia de género.

IV.- La actuación del Estado y el cumplimiento de la diligencia debida.

V.- Conclusiones.

I.- Introducción

Han transcurrido casi once años desde la publicación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y, poco o casi poco se ha avanzado.

Debemos abordar desde un principio, las fallas de la aplicación judicial efectiva de dicho texto legal, y las consideraciones críticas sobre la Ley Integral, observadas a lo largo de este tiempo, No hace falta pensar en profundidad para concluir que ni los recursos ni los medios proporcionados por la Administración han sido suficientes y, por ende, han impedido que la ley pudiera extenderse en toda su aplicación de manera efectiva, a pesar del buen intencionado legislador. Afrontar esa situación estructural de la violencia de género exige sin duda la adopción de medidas sociales, programas de ayuda, y garantías efectivas de la igualdad de oportunidades. El derecho penal, no es, pues un instrumento adecuado por sí solo para solucionar el problema de la desigualdad de género.

No es de extrañar, pues, que el modelo innovador propuesto por la ley 1/2004 haya resultado tan polémico. En efecto, el Consejo General del Poder Judicial, ya afirmaba en su informe de 2001 sobre violencia doméstica que, “la experiencia acumulada en los últimos años demuestra que, con frecuencia, las primeras agresiones que se producen en una misma familia, aparentemente carentes de verdadera gravedad por la inexistencia de un resultado material lesivo físicamente apreciable, son por ello calificadas inmediatamente como faltas, no adoptándose al respecto medida cautelar alguna en relación con el agresor, y tampoco otro tipo de medidas de protección de la víctima. Sin embargo, en muchas ocasiones, llevan en sí el germen de la violencia, de una violencia moral que algunas veces tiene un reflejo físico evidente pero que, incluso en aquellas otras en que no se materializa en forma de golpes o lesiones, comporta una gravedad intrínseca apreciable, cuyas nefastas consecuencias se acaban manifestando con el tiempo....De lo anterior ,cabe deducir, continúa el Consejo, que las conductas que en nuestra legislación y en la práctica forense habitual se vienen considerando como de escasa gravedad -las constitutivas de falta- carecen de un adecuado tratamiento legal, por no permitir éste en muchos casos la adopción de las medidas precautorias adecuadas, por prever para aquéllas sólo una respuesta penal muy limitada, y por no servir para frenar la progresión cuantitativa y cualitativa de las acciones violentas en el seno familiar, ni coadyuvar a la erradicación de las causas que la originan ...”.

A raíz de entonces, fue extensa la doctrina que se levantó en contra del contra de la Ley 1/2004. Se consideró que las reformas llevadas a cabo, resultaron algo precipitadas, puesto que la gran razón que latía para su justificación y que se plasmó de modo cristalino en la totalidad de su articulado, era su urgencia política, para satisfacer las demandas ciudadanas que en aquel momento, reclamaban de modo reiterado e insistente la ansiada y pretendida seguridad en su convivencia diaria y cotidiana que pasa por la disminución de los supuestos de violencia de género.

Se esgrimían en contra del texto legal, argumentos de inconstitucionalidad por vulneración del principio de igualdad, se criticaba su estructura abierta que contentaba a todas las orientaciones políticas, e incluso, una absoluta indefinición de muchos de los mecanismos contemplados de tutela de las medidas civiles, penales, administrativas y las del orden social o laboral, que anulaba la aplicabilidad práctica de la ley.

- La principal crítica, desde el punto de vista jurídico- penal, se centraba en que el legislador desconocía y sigue desconociendo, la voluntad de la víctima: la imposibilidad de la víctima de retirar denuncias, la falta de reconocimiento expreso de que un cambio de la opinión de la víctima y que ésta sea causa de revocación de la orden de protección, la regulación obligatoria de reglas de conducta como la prohibición de aproximación en la suspensión de la pena de prisión, aun cuando la víctima manifieste su disconformidad, la imposición obligatoria de las penas de alejamiento y por último, la previsión legal de la pena para los casos de quebrantamiento.

En este sentido, la redacción del art. 416 LECrim ha sido un obstáculo, para resolver el problema de la protección de la víctima, señalando, “no dejaba de resultar paradójico que el despliegue normativo realizado por del legislador no alcance su objetivo proteccionista en aras a la existencia de un único precepto” (1).

- La segunda crítica, era la ausencia de una verdadera política criminal para hacer frente a este tipo de delitos. El proceso penal actual, está concebido como instrumento destinado a la imposición de una pena a un inculpado al que se reconocen y garantizan sus derechos fundamentales buscando además, facilitar su reinserción social quedando la victima reducida en la mayor parte de los casos, a un mero instrumento de investigación, el testifical y sin tener en cuenta las necesidades que en no pocos casos presenta la víctima de un delito de asistencia e incluso de resocialización. La celeridad no es buena compañera de la justicia, y en casos de violencia de género más todavía. Sabemos que, la solución mágica no pasa sólo por un juicio rápido, contemplados para tramitar procesalmente estos delitos y para condenar al culpable “resolviendo” el problema, con la imposición de una pena de alejamiento respecto de la víctima.

Las estadísticas del Consejo General de Poder Judicial de 2014 (Observatorio de para la Violencia Doméstica), han demostrado, hoy por hoy, que la ley no es suficiente y es necesario afrontar una verdadera y valiente política criminal en España, que sea plenamente efectiva para hacer frente a la problemática de la violencia de género. Las medidas legislativas y procedimentales no pueden ser presentadas como la panacea que ha de solucionar el conflicto. La prioridad, debe ser sin duda, el desarrollo de las políticas sociales previas, las acciones socioeducativas y las firmes inversiones económicas, para atenuar los efectos de semejantes conductas. Y si no es así, para el Ordenamiento en general, menos lo es para el Derecho penal concreto, que se presenta como la última ratio entre los diversos sectores jurídicos y que precisamente por este principio de intervención mínima tiene que ser utilizado incluso en estas deleznables conductas, con suma economía para los supuestos más graves.

II.- Las causas del fracaso de la Ley Integral 1/2004.

¿Y por qué se ha producido el fracaso?, nos preguntamos. Las principales causas del fracaso de la respuesta del Derecho penal, para abordar una respuesta efectiva, frente a estos delitos son fundamentalmente los siguientes:

1.- El sistema penal tiende a transformar un problema social de desigualdad en un problema de control del delito

2.- En segundo lugar, la víctima, encuentra poca respuesta a su problema, porque la solución, trasciende y debe permanecer para toda su vida, por lo que engloba una problemática social, educacional y cultural. El Derecho penal, puede brindar una ayuda eficaz aunque no definitiva, lo cual ocasiona una frustración de expectativas que es un factor importante para determinar la actitud que la mujer pueda adoptar en su futuro respecto a la situación violenta o de dominación vivida por ella. No olvidemos, que por encima de todo la Justicia, y la Justicia penal, se debe al ciudadano. El derecho penal se demora al incorporar una respuesta eficaz, a las voces que reclaman el cese de la violencia de género en este país.

3.- La intervención del Derecho penal, tiende a quitar autonomía a la mujer puesto que la definición de un problema público implica plegarse a las exigencias del sistema penal, lo cual conlleva no atender a los deseos o peticiones de la víctima. Esto es un gran peso negativo, a la vez que contradictorio, con el estatuto jurídico de la víctima. En el sistema penal el Estado es el que asume el monopolio de la violencia, siendo el único legitimado para legislar y administrar justicia en materia penal. En este sistema el Estado y el delincuente son los únicos protagonistas del delito, quedando la víctima como un mero sujeto pasivo de él. En el caso de violencia de género, a veces se ignora que el género, se construye también discursivamente desde el Derecho, reproduciendo el sistema de dominio que se dice combatir. Por eso, es tan importante denunciar las leyes sobre violencia la pareja que controlan a las mujeres, las victimizan, infantilizan o les quitan poder de decisión, como señalan AÑON Y MESTRE..

Una vez más se pone en evidencia la desconexión entre la realidad empírica y la legalidad vigente. La práctica judicial ha demostrado que un alto porcentaje de mujeres no denuncian, o si lo hacen no declaran después en contra de su agresor (amparándose en el art. 416 Lecrim), o aún se retractan en juicio, motivando una sentencia absolutoria. No deja de ser común la complicidad de las mujeres en la desobediencia a las órdenes de alejamiento decretadas judicialmente contra sus agresores.

4.- La solución de futuro pasa por diversificar las respuestas a cada caso concreto. Ello implica reconocer y conocer, qué casos son adecuados para la intervención del Derecho penal en toda su extensión, discutir en qué casos hay que dar paso a las soluciones de Justicia-Restaurativa, contemplando la mediación penal, qué agentes sociales deben intervenir para dar respuesta amplia a la problemática planteada, y finalmente, analizar cómo evitar los altos costes que tiene la intromisión penal para la mujeres que son las verdades víctimas de estos casos, y finalmente, proporcionar y garantizar respuestas distintas y justas para los agresores condenados.

Los responsables políticos, deben afrontar que la problemática de la violencia de género, ha llegado a su situación límite, es un problema que más allá de lo jurídico. Los estudios de Derecho comparado, abordan con corrección que para estos delitos, la necesidad de ofrecer una alternativa clásica retributiva de carácter no punitivo, frente a las situaciones conflictivas enmarcadas en el ámbito de la legislación de adultos de nuestro país, ofrecer una respuesta pacificadora e integradora desde la perspectiva de la víctima, el victimario y la comunidad otorgando a éstos un renovado protagonismo, en la regulación de sus propios conflictos. En muchas ocasiones se presentan en el Juzgado de Violencia de Género historias de vida de parejas rotas, desde hace años, a los que en treinta minutos, el aparato judicial debe ofrecer una respuesta, lo que supone que no hay una política criminal dirigida específicamente a estos ca.



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