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DISCAPACIDAD: VACÍOS EN LA LEY DE DISCAPACIDAD PROVOCAN LA PERVERSIÓN DEL SISTEMA

Samuel Corchete nació ciego y a sus 23 años se enfrenta a las dificultades de encontrar trabajo en una empresa ordinaria que se ajuste a su preparación. Sus ojos no le devuelven ninguna imagen, pero Samuel percibe todo lo que sucede a su alrededor. Antes de tener su quiosco con la ONCE, el joven estudiante de antropología, tuvo ocho entrevistas de trabajo. Ninguna prosperó.

En la empresa francesa Selectra le preguntaron si necesitaba que le adaptaran su puesto de trabajo, a lo que dijo que sí. La compañía pudo obtener una ayuda del Estado, sin embargo, no volvió a llamar a Samuel. "No pasó nada. Después me enteré por un amigo que trabajaba ahí que habían hablado entre las coordinadoras y ellas decían que era difícil instalar los equipos braille. O sea, ponían excusas. No les dio la gana. No quisieron mojarse", dice, mientras lía un cigarro.

Samuel es un ejemplo de lo que sucede regularmente en parte de las empresas españolas. La Ley General de Discapacidad obliga a las compañías de más de 50 trabajadores a reservar el 2% de su plantilla para personas con discapacidad. Sin embargo la norma presenta unos fuertes vacíos. Una serie de lagunas que permiten la perversión del sistema.

"Es lo de siempre: hecha la ley, hecha la trampa. La ley es ambigua porque el legislador en su momento tampoco estaba pensando por dónde se colaban", asegura Vanesa Rodríguez, investigadora de la Universidad de Oviedo.

El Ministerio de Empleo no lleva la cuenta de cuántas empresas incumplen la ley, pero un estudio de la consultora Leialta afirma que son un 81% del total; un vacío de datos que deja aún más desamparado al colectivo con discapacidades.

Uno de los motivos que frenan a las empresas a la hora de contratar es el desconocimiento sobre la adaptación del puesto de trabajo. "Cuando una persona con discapacidad entra a trabajar en una firma siempre hay que hacer algunas modificaciones. La compañía se debe pensar que van a tener que poner camillas, sondas, y cosas extrañas, y no es así. Muchas veces simplemente es una mesa más alta", explica Luis Alonso Calzada, director gerente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

En el caso de Selectra, el motivo fue que acababan de cambiarse de oficina: "Imagino que sabéis la dificultad de conseguir las licencias, era imposible en ese momento llamar a alguien de un organismo público para adaptar la oficina", confirma Cuca Albarrán, directora de Recursos Humanos de la empresa.

Por otro lado, existe la falsa creencia de que las personas con discapacidad están menos preparadas. "Antes, la población de personas con discapacidad tenía un nivel formativo bajo, pero eso cada vez es menor", ratifica Juan Carlos Ramiro, ex asesor en materia de discapacidad en los ministerios de Sanidad y Trabajo y actual director del Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad, CENTAC.

Si bien es cierto que las personas con discapacidad con estudios básicos son mayoría, el número de universitarios graduados crece cada año. En 2013 se titularon 630 personas con discapacidad y para 2014 eran cerca del doble, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Ana María Morillas tiene espina bífida, y camina con muletas. "En 2006 tuve con BMW Mini la entrevista más flagrante, la más horrorosa de mi vida. La persona de recursos humanos me dijo 'nosotros habíamos pedido a una persona con discapacidad, pero no tanta. Igual no puedes llevar los cafés con las muletas, ¿no?'", cuenta Ana María con profunda indignación.

La oferta era de auxiliar administrativo, incluía tareas como mecanografiar y pasar datos al ordenador, actividades que sabe hacer y para las que no necesita desplazarse.

"Luego le pregunté si esto lo hacían por las cuotas o porque querían realmente a una persona con discapacidad, y me dijeron que era porque les obligaban", explica Ana María.

"Dentro de las empresas hay personas que tienen certificado de discapacidad y no lo declaran por miedo a ser despedidas", insiste el director de CENTAC.

Inspecciones insuficientes

En España hay más de 22.000 empresas con más de 50 empleados. En 2014, se inspeccionaron 3.343 y 129 fueron sancionadas por algún incumplimiento de la ley de discapacidad, según el Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Las compañías deben comunicar cuántos empleados con discapacidad tienen. Los datos se cruzan con los del SEPE y cuando se detectan incoherencias acude la inspección. "España tiene que acercarse al nivel de algunos países europeos como los nórdicos en materia de inspecciones. Estamos muy por debajo", apunta Ramiro.

Una afirmación rebatida por Rafael García Matos, subdirector para la coordinación en materia de prevención de riesgos laborales, relaciones laborales y medidas de igualdad, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: "Estamos trabajando más intensamente, pero claro, siempre nos dicen que los inspectores son pocos, posiblemente sea así. Siempre serían pocos".

En Madrid hay alrededor de 100 inspectores y otros tantos subinspectores para las más de 6.000 compañías de más de 50 empleados. García Matos reconoce que "no hay inspectores asignados a cada expediente de discapacidad, es decir, un inspector puede tener varios expedientes relacionados con este asunto, pero también con muchos otros".

¿Cuánto de estricta es la ley a la hora de vigilar el cumplimiento? "Muy ligera, la multa puede ser de 6.000 euros. Hay empresas que prefieren que les pillen", responde José Luis León Hernández, director general de Roncalli, un Centro Especial de Empleo ubicado en Madrid.

Por su lado, la administración pública está obligada a cumplir con una cuota de discapacidad del 5%. En teoría, es un ejemplo a seguir, pero en la práctica no es más que otro trámite. "La contratación de una persona con discapacidad en la administración pública es un dato político. No se están cumpliendo las cuotas de reserva de empleo que dicen que van a llevar a cabo.", indica Luis Alonso Calzada, gerente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

"¿Si la propia administración no cumple con su obligación, quién va a dar lecciones?", pregunta Manuel Amil, persona con discapacidad y director gerente del Centro Especial de Empleo Amilaxa Servicios Generales, ubicado en Galicia.

Pensiones incompatibles

Otro de los obstáculos con el que se encuentran las personas con discapacidad es la falta de compatibilidad entre las pensiones, pensadas para compensar las dificultades del día a día, y la participación en el mundo laboral.

José Luis Goya tiene una discapacidad del 65% y trabajaba antes de que su accidente le paralizase la mitad derecha de su cuerpo. Eso le dio acceso a una pensión que consiguió compaginar con la posibilidad de entrar de nuevo en el mercado laboral. En una de las entrevistas le ofrecieron un salario de 300 euros: "Cuando pregunté si añadirían incentivos me dijeron que no, que ya cobraba una pensión".

Ramiro, director de CENTAC, explica mejor el círculo vicioso de las pensiones: "Gran parte de la población con discapacidad recibe prestaciones públicas. Una persona con una pensión no contributiva no llega a los 500 euros y puede compatibilizar pensión y trabajo durante 3 años. Una vez finalizado el plazo debe elegir entre seguir trabajando o recibir la prestación. O encuentra un trabajo bien remunerado y estable o no le compensa trabajar".

Afirma que una solución estaría en permitir la compatibilización entre ambas cosas: "No puedes tener a una persona en una situación pasiva toda su vida. Le están apartando de una participación activa en la sociedad".

ENLACE;http://www.elmundo.es/sociedad/2016/08/30/57bf1f4622601da05b8b465c.html.



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